Debate abierto

La vivienda que expulsa a la persona frágil o dependiente

Desde hace un tiempo, los medios de comunicación vienen dedicando regularmente cierta atención al modo en que viven nuestros mayores, muchas veces en soledad, frágiles o dependientes. La casi totalidad de las soluciones residenciales que se ofrecen a estos problemas pasa por modificar el hábitat de aquellos. En unos casos se los desplaza hacia residencias geriátricas, apartamentos tutelados o viviendas de hijos. En otros, se introduce en la vivienda habitual a personas extrañas, las cuales, aunque sea para prestar un servicio, invaden su intimidad de forma cuando menos enojosa. Incluso en el supuesto de que estas personas pertenezcan a la familia propia, no deja de tratarse de una irrupción forzada en el reducto habitual del mayor, que éste acepta a regañadientes, entre otras razones porque su voluntad en ese espacio comienza a quedar en entredicho.

Existen razones psicológicas, sociales y de orden estrictamente sanitario que desaconsejan este tipo de fórmulas, salvo en casos extremos, en los que la necesaria atención personal y medicalizada no deja otra opción. La persona mayor sigue necesitando de la vida relacional que ha ido tejiendo a lo largo de sus años de plenitud. En este sentido, además, la experiencia de los mayores constituye un activo social que no se puede dilapidar, como se está haciendo ahora. Por otra parte, el anciano es más vulnerable a las novedades de su ambiente, y, cuando éste se altera significativamente, llega a padecer episodios de desconcierto que pueden acarrear consecuencias muy graves (caídas, demencias, etc.). El hecho viene agravado por la pérdida de capacidad para gestionar sus propios recursos, aunque en algunos casos pudiera poseerlos en abundancia, debido al miedo al riesgo y a cualquier incógnita, así como a la desconfianza que le produce un entorno que se le hace tanto más hostil cuanto más desconocido o incierto se le presente. Finalmente, estas fórmulas no sólo trastocan la vida ordinaria del mayor, sino la de sus familiares próximos, que han de organizar sus recursos personales (tiempo, amistades, a veces dinero) en función de las necesidades muchas veces perentorias e inesperadas de aquél, las cuales no suelen ser cubiertas óptimamente por los servicios públicos en la materia. La consecuencia última de todo ello es que la inevitable pérdida de autoestima, la depresión y el sentimiento de haberse convertido en un fardo que se lleva y se trae se suman a las dolencias físicas y a la sensación de desamparo para convertir las últimas etapas de un hombre o de una mujer longevos en una suerte de castigo divino, consecuencia del excesivo alargamiento de su existencia. Quienes hemos vivido de cerca esa experiencia, por nuestros mayores, conocemos muy bien la terrible y desoladora realidad de la que hablamos; una realidad de la que sólo escaparán quienes se hayan muerto antes de tiempo (si es que hay un tiempo exacto para morir).

Por qué nadie piensa en ello

Llama la atención el hecho de que, en España, no se haya abierto un debate profundo y con objetivos de solución real sobre un asunto que no es sólo sanitario, económico y social, sino sobre todo un drama cotidiano y radicalmente humano, cuando las perspectivas demográficas resultan extremadamente preocupantes. El Libro Blanco de la Dependencia avisa de que, en el año 2030, viviremos en nuestro país 12 millones de personas mayores de 65 años (el 23,4 % de la población total), de los cuales 8,2 millones tendrán más de 75. El problema, pues, no sólo estará en la tercera edad, sino, sobre todo, en esa cohorte que ya se llama la cuarta edad. En Asturias, además, el futuro es mucho más desalentador, dado el especial envejecimiento de su población, que ya ha hecho saltar todas las alarmas tanto en el campo de la salud como en el de aplicación de la Ley de Dependencia. Invito al lector a que examine las características de edad de quienes viven en su portal o comunidad y verá que ese futuro, probablemente, ya haya llamado a su puerta.

A mi juicio, hay al menos dos argumentos que pueden explicar esta ausencia de debate a la que me refiero. Por un lado, la familia española soporta, todavía, buena parte de los costes de la situación, lo que pone en sordina la gravedad del problema. No ocurre así en los países anglosajones, nórdicos y algunos centroeuropeos, donde la cuestión está al cabo de la calle y es objeto permanente de análisis y de programas concretos de actuación. Pero la causa fundamental de esta apatía reinante tiene que ver, en mayor medida, con la manera en la que concebimos la ciudad y su crecimiento. Desde los años 60, el urbanismo que se practica en España reproduce de forma rutinaria y dócil un modelo anglosajón de ciudad dispersa, basado en la especialización de los espacios (el zoning) y con gran requerimiento del vehículo privado para su funcionalidad. Las consecuencias son: grandes calles y avenidas que constituyen auténticas barreras arquitectónicas para el peatón; equipamientos públicos dispersos y escasamente dimensionados y mantenidos, dados los costes de urbanización y de funcionamiento que recaen sobre los mismos; reubicación arbitraria de la renta ricardiana de los establecimientos comerciales, concentrados en un solo edificio; y una tipología de vivienda sólo apta para los capaces de enfrentarse a la hostilidad del medio, es decir, personas independientes y con una capacidad de generar rentas que podrá ser menor a medida que la residencia se aleja de los centros de interés preconfigurados por el proyectista. De esta forma, hoy, la oferta de viviendas sólo da respuesta a un cierto perfil de demanda que se conforma con cuatro paredes cuyo precio no se evalúa en términos de gasto, sino de inversión a largo plazo, y que, por tanto, forma parte del engranaje especulativo global. De aquí que sean nuestras posibilidades económicas la única variable que tenemos en cuenta a la hora de adquirir una vivienda (lo que explica, por ejemplo, que nadie considere los minipisos como una opción aberrante). Desde luego, la funcionalidad de la vivienda no suele ser tenida en cuenta por los compradores ni, por tanto, es percibida por la oferta como una demanda que deba ser atendida. Aspectos tales como si el piso cuenta con tendedero interior de ropa en una región lluviosa como Asturias, o si es eficiente en términos energéticos, o si es accesible a personas dependientes, o, mucho menos, si es adaptable a las distintas vicisitudes de una familia a lo largo de toda la vida mediante una fácil y barata redistribución de los espacios interiores en función del número cambiante de sus miembros, tal como las más modernas técnicas constructivas permiten hoy en día; todo eso son variables de las que el mercado se ha desentendido, salvo honrosísimas excepciones, y que sólo han sido tomadas en consideración por la reglamentación de alguna comunidad autónoma pionera en la materia.

Algunas disfunciones del modelo actual

Al final, sólo pedimos que la vivienda sea refugio de nuestros ahorros. Nadie da más porque nadie pide más. El modelo urbanístico y arquitectónico sirve a los intereses dominantes, y sólo a ellos. Por eso no es de extrañar que quienes incumplen los requerimientos exigidos por dicho arquetipo y carecen de voz en el diseño de las ciudades se vean centrifugados del sistema, incluso aunque tengan suerte en la pedrea de las viviendas de promoción pública: así, los jóvenes que no disponen de ayuda familiar para la entrada de un piso, los emigrantes, o quienes poseen trabajos precarios y de baja renta. Y, por supuesto, los mayores. Estos últimos, una vez superada su etapa productiva, dejan de interesar. Conviene ir aparcándolos. Luego, cuando requieran de asistencia más o menos regular o importante, se pondrá de manifiesto que su vivienda ya no les sirve, que la silla de ruedas no pasa por la puerta principal, o que no gira correctamente para acceder al ascensor, que no posee un cuarto de baño adaptado a las nuevas necesidades, que la escalera del vestíbulo del edificio es un abismo insondable, o que la calle que deben cruzar para acudir al bar donde tienen su tertulia es un peligroso océano de vehículos. Desde luego, la compra del pan será una odisea, porque la boutique correspondiente se encuentra a medio kilómetro de distancia. También se evidenciará que la furgoneta que trasladará al mayor a su centro de día no tiene donde estacionarse, y que el coste de desplazamiento del enfermero que le pone las inyecciones es insoportable, y que las gripes las deberá curar en casa de un hijo, si tiene suerte, o gracias a la compasión de una vecina. Al final, tantos obstáculos se harán insoportables. Será el momento de llevar al anciano a una residencia geriátrica o, en el mejor de los casos, se harán obras en el baño, se tirarán tabiques y se contratará a una persona extraña para que conviva con el discapacitado, aunque sea sin confianza plena en la calidad de la atención. También sobre esto sabemos mucho quienes hemos tenido que aprender en cabeza de nuestros mayores.

Las disfunciones del sistema son enormes y gravísimas. Desde luego, la fundamental es de rango estrictamente humanitario y tiene que ver con la dignidad del anciano, que no puede estar condenado de antemano a la muerte civil por el simple hecho de que su vivienda (en general, su hábitat) se le haya transformado en una cárcel. La existencia de los familiares próximos tampoco puede convertirse en un sinvivir constante, sin horarios ni disponibilidades, siempre pendientes del teléfono y de cualquier contingencia surgida con relación a la persona mayor, por cierto habitual en la medida en la que hasta un simple olvido de la llave de casa puede derivar en un trastorno familiar de magnitudes considerables. Sin embargo, todo esto ocurre, y ocurre constantemente y de manera segura, cierta, hasta ahora irremediable. Decenas de personas se habrán visto implicadas en algún incidente que tiene que ver con sus mayores durante el tiempo que el lector ha dedicado a llegar a este punto del artículo.

El coste de un círculo vicioso

El mayor problema es que nos hallamos en un círculo vicioso. La hostilidad del hábitat conduce a que los servicios asistenciales de todo tipo (sanitarios, sociales, de restauración, de ocio, etc.) no se presten en condiciones óptimas de calidad y de precio, salvo, a veces, cuando es el anciano quien se desplaza para recibirlos. Esto deriva en el raquitismo de un sector que podría crear más de 300.000 puestos de trabajo directos, según el Libro Blanco de la Dependencia. En la práctica, los problemas se trasladan a otros ámbitos, especialmente al de la sanidad, que está soportando buena parte de los costes del déficit social en la materia. Manifestaciones de este fenómeno son la saturación artificial de la asistencia primaria y de las urgencias de los hospitales, o el alargamiento de las estancias hospitalarias más allá de lo necesario, todo lo cual debería ser contabilizado en un balance ponderado que reflejaría en términos reales el desvío del presupuesto sanitario hacia la política asistencial. (Este aspecto del problema resulta crítico, en la medida en que se trata de dos políticas diferentes en cuanto a sus fuentes de financiación y a los principios que las rigen: una, basada en la universalidad de la prestación, y otra, en el copago).

Definitivamente, vivimos bajo el dominio de un modelo urbanístico y arquitectónico insostenible, llamado por algunos de ciudad difusa, y que emplea el zoning o especialización de los espacios como herramienta para el diseño del crecimiento urbano. La pregunta obvia es la siguiente: ¿no existen alternativas? ¿Estamos condenados al riesgo severo de que nuestra vejez se convierta en un episodio trágico para nosotros y nuestros familiares? La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible dice que no y aboga por un cambio de paradigma. Es curioso, por cierto, que este documento sea desconocido o ignorado por la sociedad y nuestros gobernantes, salvo honrosas excepciones, como la de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, y de ordinario sólo en ciertos aspectos que tienen que ver con los déficit de energía o con el cambio climático. Lo mismo ocurre con el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano.

Hay soluciones, pero debemos buscarlas

La realidad es que se están explorando soluciones, sobre todo en el ámbito anglosajón y nórdico; también en España, si bien en este caso desde la iniciativa privada, que está promoviendo desde edificios de apartamentos tutelados con cierta calidad de servicio hasta urbanizaciones de lujo en zonas costeras y soleadas, pensadas fundamentalmente para el cliente extranjero y sin gran discapacidad. Resulta paradójico nuestro retraso en encarar el problema porque, curiosamente, nuestro país se encuentra en condiciones inmejorables para afrontar un trabajo serio en la materia, en la medida en la que las soluciones a las que se llegara serían fácilmente financiables, dado que más del 80 % de las personas mayores de 65 años es propietario de la vivienda en la que residen. Se cuenta, por tanto, con la posibilidad de licuar un patrimonio que redundaría en beneficio de un servicio óptimo a su favor (aunque, eso sí, a costa de las expectativas de sus herederos; aspecto, éste, que algún día habrá que debatir en serio, sobre todo después de la generalizada supresión del impuesto sobre sucesiones).

Desde luego, hoy existen fórmulas y técnicas urbanísticas, arquitectónicas y de ingeniería capaces de ser combinadas con la prestación de servicios mancomunados para dar flexibilidad y calidad en la atención de nuestros mayores en su propio domicilio, es decir, sin necesidad de desarraigarlos ni de convertirlos en un estorbo para los demás. No se trata de construir guetos para ancianos, sino, antes al contrario, de mantener integrada en la vida ordinaria de nuestras ciudades, de forma más racional, económica y sostenible, a la cuarta parte de la población del año 2030. Para ello, debemos diseñar los crecimientos urbanos desde un nuevo modelo, que vaya hacia la ciudad compacta y diversa y en la que exista una abundante oferta de soluciones residenciales adaptables a las distintas vicisitudes de la vida de una familia.

Soluciones residenciales flexibles y versátiles

Hemos llegado hasta este punto después de señalar que el modelo urbanístico y arquitectónico imperante en España centrifuga a las personas mayores de su hábitat familiar y social, creando disfunciones muy graves que, con la aparición de la discapacidad, constituyen un auténtico drama humano, real y tangible, además de producir sobrecostes innecesarios al sistema sanitario (que soporta en la actualidad buena parte de los déficit de la asistencia social). Otros países de nuestro entorno nos llevan décadas de ventaja en la investigación y la ejecución de programas y proyectos destinados a mitigar las consecuencias de la dependencia de los ancianos, muchos de los cuales tienen que ver con un tratamiento adecuado del factor residencial. Algunos, por cierto, contemplan a la población mayor de 50 años como público objetivo de las acciones, lo que da idea de que las soluciones se conciben de forma socialmente integradora, y no segregadora de la cohorte de los mayores.

En efecto, hoy sería posible diseñar y construir unidades residenciales adaptables a las distintas vicisitudes por las que atraviesa una familia tipo, bien preparadas para ir asumiendo paulatinamente los distintos problemas que se derivan de una situación de discapacidad e integradas en espacios multigeneracionales; todo ello a un coste que no superaría significativamente los actuales de producción de viviendas y que podría contar con la financiación de fondos colectivos finalistas, o con la prefinanciación concedida de hipotecas inversas o de rentas vitalicias con garantía real, sin que ninguna de estas fórmulas implique un sobre-esfuerzo de ahorro para el beneficiario. Para que se entienda más fácilmente, se trataría de construir viviendas preparadas para “enchufar”, de forma progresiva y adecuada, multiservicios de asistencia en la medida en que se requiriera y a un coste que, en términos netos, no supusiera un sobreesfuerzo para la familia necesitada. Desde luego, esta solución exige la potenciación de un sector de servicios mancomunados de todo tipo (sanitario, asistencial, de restauración, de ocio), destinado a asistir a domicilios de fácil acceso y bien dotados, o fácilmente dotables, de los requerimientos de espacio y de equipamiento que cada situación conlleve.

El trabajo en cuatro frentes

El modelo que se debería explorar no puede limitarse al ámbito estricto del urbanismo, de la arquitectura y de la ingeniería, sino también de los campos medioambiental, médico-sanitario, jurídico, financiero y fiscal. En todos ellos existen vicios, resabios y respuestas del pasado que podrían lastrar las nuevas soluciones si no se modifican los entornos respectivos. En este sentido, entendemos que habría que emprender cuatro grandes líneas de actuación.

Por un lado, habría que realizar una serie de estudios previos de perfil sociológico y de mercado orientados a la futura implantación práctica del modelo, así como otros comparativos de propuestas próximas o similares y de experiencias llevadas a cabo, tanto desde la iniciativa pública como desde la privada, así en España como en el extranjero, en los ámbitos arquitectónico, urbanístico, social, médico-sanitario, financiero, fiscal y del seguro. Será difícil hallar proyectos de carácter integrador de todos estos ámbitos, pero se encuentran bien identificadas propuestas específicas en cada uno de ellos; por ejemplo, sobre versatilidad de espacios urbanos, soluciones constructivas flexibles, atención sanitaria en el domicilio, licuefacción del patrimonio, póliza de la dependencia, etcétera.

Por otro lado, habría que examinar en detalle los actuales entornos jurídicos, económicos y técnicos en los campos de: la edificación de obra civil y urbanístico, con el fin de detectar inercias y obstáculos e imponer nuevos criterios de diseño y construcción (ampliación de los conceptos de vivienda protegida y de equipamientos dotacionales, mayores exigencias de accesibilidad en edificios y residencias, búsqueda de la flexibilidad en la división horizontal de ciertos inmuebles, etc.); también, en los ámbitos socio-asistencial y médico-sanitario, para una mejor definición de los límites de ambos, favoreciendo la asistencia médica ambulatoria, optimizando los recursos de asistencia primaria y facilitando y otorgando mayor versatilidad a la asistencia social, incluida la teleasistencia; igualmente, en el campo financiero, para redifinir todos los productos que afectan a la vivienda como bien de gasto y, sobre todo, como bien de inversión, así como la función que deben cumplir determinados fondos de inversión colectiva; por supuesto, en el campo fiscal, para discriminar positivamente las viviendas aptas para su utilización geriátrica, así como para no penalizar la utilización de recursos propios en la atención de determinadas situaciones (particularmente, las de dependencia; pensemos en la hipoteca inversa, por ejemplo, como fórmula privilegiada de financiación de tales situaciones); por fin, en el campo del seguro, para la definición de la mejor póliza de dependencia.

En tercer lugar, deberían habilitarse fórmulas de colaboración entre los sectores público y privado para avanzar con proyectos concretos en la búsqueda de soluciones no sólo teóricas, sino prácticas. En este sentido, la coyuntura actual del sector de la construcción puede resultar muy favorable, en la medida en la que debe abrirse a nuevos mercados. En todo caso, es preciso aproximar y aunar esfuerzos de las Administraciones públicas y de los sectores privados afectados, particularmente el de la construcción y los de los servicios sanitarios, de atención a las personas mayores y sociales.

Por último, se hace necesario abrir y democratizar la discusión en torno al modelo de ciudad que queremos y, particularmente, promover un debate sobre el problema de la adaptabilidad de la vivienda a las nuevas realidades sociales y familiares, tomando en cuenta, en especial, fenómenos tales como la emancipación de la mujer, el envejecimiento de la población o las formas convivenciales hasta ahora atípicas. Resulta evidente que la oferta de vivienda en España es muy rígida y se define en atención a un perfil medio de demandante (adquirente de primera o segunda residencia), demanda que sólo se especializa en función de la renta de aquél (vivienda libre o protegida, en sus diferentes niveles), pero no de sus necesidades objetivas y reales, presentes y futuras, como usuario o consumidor.

En todo caso, cualquiera que sea la calidad de nuestro análisis, es lo más cierto que ni la sociedad española ni los poderes públicos pueden permitirse el lujo de no abordar cuanto antes el problema aquí planteado. Aceptar de antemano y con carácter general que el hábitat en el que envejecemos no tiene por qué estar preparado para las eventuales situaciones futuras de dependencia carece de justificación técnica y económica y supone una renuncia inhumana al ejercicio de nuestra imaginación y de nuestra inteligencia; también, de nuestro coraje frente a los vicios y resistencias del pasado.

Manuel García Rubio

Abogado
Patrono de Fundación INCLÍNICA – Salud y Hábitat